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La batalla legal toma el protagonismo en el caso Full Tilt

antrodax | 03/10/11
La batalla legal toma el protagonismo en el caso Full Tilt
El grupo inversor francés está pendiente del Departamento de Justicia para seguir avanzando en las negociaciones, pero al DoJ se le acumulan las batallas.

Obviamente, la noticia del fin de semana fue el anuncio de un acuerdo de compra de Full Tilt por parte de un grupo inversor representando por la compañía Groupe Bernard Tapie.

El primer gran obstáculo a superar para que el acuerdo siga teniendo posibilidades de llegar a buen fin es que se solucione el problema legal que proviene de las actuaciones de la fiscalía del distrito sur de Nueva York.

Esta fiscalía presentó el día 22 una modificación a la demanda original de abril para añadir a Howard Lederer, Chris Ferguson y Rafe Furst en la demanda. Se unían así estos tres nombres al de Ray Bitar, como imputados en relación al fraude cometido desde la dirección de FTP a sus clientes.

Ray Bitar ha decidido reclamar como propios varios de los bienes sujetos a embargo por parte del gobierno. Esos bienes serían sus participaciones en las diferentes empresas, los dominios de Full Tilt Ltd. Y Tiltware LLC y tres cuentas bancarias, dos a nombre de Tiltware en el Comerica Bank y una tercera a nombre de Ray Bitar en Natwest.

Al no tener jurisdicción directa, la fiscalía actúa sobre los bienes in rem, como compensación de las acciones que se han llevado a cabo a través de ellos y no como aval de obligaciones personales contraídas por una persona determinada.

Esta reclamación tiene como fin poder defenderse ante las acusaciones y, en caso de ganar el litigio, que se le reconozca propiedad sobre esos bienes y se le devuelvan. El siguiente paso sería conseguir que le permitieran defenderse en ausencia, para evitar su arresto por los cargos pendientes en el caso criminal.

A su vez, John Campos, directivo de un banco que aceptó una inversión en efectivo a cambio de gestionar dinero proveniente del poker online, y Chad Elie, procesador de pagos, han presentado cada uno por su cuenta una moción para desestimar todos los cargos levantados contra ellos por la fiscalía en la demanda civil de la que venimos hablando.

Las alegaciones se basan en que la UIGEA prohibe el proceso de fondos provenientes de los juegos de azar online y el poker, que no está nombrado expresamente en la ley, es un juego en que la habilidad de los jugadores tiene un papel importante. Además, las salas de poker se limitan a cobrar un pequeño porcentaje de un juego que tiene lugar entre los usuarios sin intervención directa de la sala al contrario de los juegos de azar en que la sala actúa como banca.

Ambas mociones también cuestionan la jurisdicción de la fiscalía sobre un negocio basado en el extranjero y no en el estado de New York.

En la moción de Chad Elie, que está acusado de fraude electrónico y bancario, además se alega que el gobierno debe probar que a los bancos se les ha causado daños o pérdidas, y que en este caso eso no se produce. Los bancos cobraban sus tarifas habituales por realizar transacciones y recibieron inversiones en efectivo por parte de Elie y sus asociados para sanear sus cuentas.

Mientras, en Canadá se ha presentado una nueva demanda de clase contra Full Tilt, la cuarta ya, a favor de “todos aquellos poseedores de una cuenta de dinero real en FTP”. La demanda la presenta la firma canadiense Merchant Law Group LLP.

Es interesante, bajo mi punto de vista, que ninguna de las otras demandas haya sido nombrada como un obstáculo en las actuales negociaciones para la compra de Full Tilt Poker. Es una demostración más de que el acuerdo recoge la devolución de los fondos de los jugadores en su totalidad, lo que haría innecesario negociar la retirada de estas demandas, que perderían su base legal.

Como último dato a reseñar, el director de la AGCC, André Wilsenach, expresó su convencimiento de que era imposible que la AGCC hubiera sabido lo que sucedía en FTP.

Según Wilsenach, la AGCC empezó a sospechar en 2010, pero hasta marzo o abril de 2011 no iniciaron una investigación con un contable externo y auditores forenses.

Si el operador no te dice nada, no puedes saberlo. El DoJ no puso en conocimiento de la AGCC sus operaciones al respecto de FTP. El DoJ debería informar a los reguladores sobre este tipo de operaciones.

 

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