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Brindis al sol de la Comisión Europea respecto al juego online

Antonio Romero | 24/10/12
Con la publicación del denominado “plan de acción” se diluye la posibilidad de una regulación a nivel global en el seno de la Unión Europea.

La Comisión Europea ha publicado por fin su aplazado plan de acción sobre el juego online en el mercado interno de la Unión. Las expectativas sobre el trabajo de las más altas esferas de Bruselas se han quedado en vagas recomendaciones y en la creación de un sistema de intercambio de información para una mejor prevención del fraude y del acceso al juego de los sectores de población más indefensos.

Desde la máximas instancias europeas, se entiende que el esfuerzo individual de cada país miembro para regular el creciente mercado del juego online no es suficiente para afrontar todos los problemas sociales, técnicos y normativos que ofrece la dimensión interestatal del sector del juego online.

El propósito de la Comisión no es proponer una legislación europea sobre el juego, sino un conjunto de acciones y principios comunes acerca de la protección al consumidor.

En palabras del Comisionado para el Mercado Interno y Servicios Michel Barnier.

“Los consumidores, y en un sentido más amplio, todos los ciudadanos deben estar adecuadamente protegidos, se debe prevenir el fraude fiscal y el blanqueo de dinero, se debe salvaguardar el deporte contra el amaño de partidos debido a las apuestas y las normas nacionales deben cumplir la ley de la Unión. Esos son los objetivos del plan de acción que hemos adoptado hoy”.

Los estados miembros de la Unión son libres de establecer sus propias normativas nacionales, pero deben asegurarse de que cumplan con el TFEU, el tratado de funcionamiento interno de la Unión. Para ello, los estados miembros deberán ofrecer razones legítimas para la restricción a la oferta de servicios relativos al juego desde fuera de sus fronteras, aunque son libres de hacerlo si demuestran la necesidad de tal medida.

Se creará un grupo de expertos para facilitar el intercambio de información y experiencias entre los estados miembros, que ayude a desarrollar un entorno correctamente regulado y seguro para el consumidor. y se acelerará la resolución de los expedientes abiertos en relación al incumplimiento de los tratados de la Unión, que serán de obligado respeto, como será exigido a los infractores de ser necesario.

Se facilitará la cooperación administrativa entre los reguladores y se estudiarán los beneficios y posibles límites de medidas de sanción como los bloqueos de cuentas o del acceso a las páginas web de los operadores ilegales a nivel europeo. Los estados deben contar con autoridades reguladoras con competencias claras y encontrar los canales adecuados para dirigir la demanda hacia el mercado legal.

Para evitar la exposición de los menores y los afectados de desórdenes relativos al juego, se deben desarrollar mejores herramientas de verificación de edad y filtros de contenido online. Además la Comisión supervisará la actividad de los operadores a este respecto. Los estados deberán mejorar la disponibilidad de herramientas para la prevención del uso inadecuado de los servicios de juego online y recopilar datos y hacer encuestas sobre desórdenes relacionados con el juego.

Para prevenir el fraude y asegurar la limpieza del juego online, la Comisión estudiará la implantación de un material de juego estándar en 2013, que incluiría el software de las salas. Los estados se deben hacer cargo de formar al cuerpo judicial para hacer frente a los casos de fraude y blanqueo de dinero relativos al juego.

El documento, que puedes consultar en toda su extensión en la página oficial de la Comisión, se cierra con las recomendaciones a seguir para evitar el amaño de las competiciones deportivas.

La aplicación de estas medidas y recomendaciones se reforzará con la primera reunión del grupo de expertos antes de final de año y con una reunión de todos los agentes del sector en 2013. La adopción de estas medidas por los estados y el resultado de las mismas se analizará en un informe bianual, en el cual se basará la adopción de nuevas acciones, incluso legislativas, de ser necesario.

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