Y a La Oca, y al chinchón, y...Carolina del Sur prohíbe jugar al poker...¡y al Monopoly!

Una sentencia del Tribunal Supremo de Carolina del Sur utiliza una ley de 1802 para condenar a cinco participantes de un “home game” de 10$.

No deja de sorprendernos la cantidad de surrealismo que se puede llegar a leer cuando entra en juego el trinomio “Poker-Policía-Tribunal”, especialmente en Estados Unidos, donde prácticamente cada semana hay algún tipo de redada concerniente a partidas privadas.

Facinerosos reclutando niños para sus despreciables fechorías...
Facinerosos reclutando niños para sus despreciables fechorías...

Hace unos meses que publicábamos la sentencia del juez Jack Weinstein del distrito este de Nueva York, que ya se ha convertido en jurisprudencia de cabecera para los abogados encargados de defender a los acusados de negocios de juego ilegal (“ilegal gambling”).

En un caso similar, hoy podemos leer en Poker News Daily cómo el Tribunal Supremo de Carolina del Sur ha condenado a cinco jugadores de poker a una multa por formar parte de un negocio de juego ilegal en 2006.

A mediados de ese mismo año, la policía llevó a cabo una redada en una partida privada en un pueblo de Carolina del Sur llamado Mount Pleasant. El informe policial hablaba de un “torneo de poker de high-stakes” en el que se encontraban unas veinte personas y de que se habían incautado varios miles de dólares. En realidad se trataba de un torneo de 10$ de inscripción en el que se habían reunido algo más de 200$ como bolsa de premios.

La mayoría de los jugadores que se enfrentaban a una multa por participar en una actividad de juego ilegal pagaron sin rechistar, pero cinco de ellos decidieron llevar el asunto a los tribunales.

En primera instancia se consideró que el lugar en el que estaban jugando era un establecimiento destinado específicamente al “gambling” y que por tanto eran culpables de los cargos que se les atribuían. Un año y medio más tarde, estos cinco jugadores consiguieron ganar el caso en la apelación, pero la administración decidió elevar el asunto hasta el Tribunal Supremo del Estado en 2010.

Ayer pudimos saber la sentencia final del Tribunal Supremo, que considera que los cargos son irrevocables, puesto que estos hombres estaban participando en un torneo con un nivel de organización alto (recordemos, veinte personas en dos mesas), con un gran componente de publicidad en internet y que además la “casa” se llevaba un buen trozo del pastel de la bolsa de premios.

Al alegato que interpuso la defensa haciendo alusión al caso DiCristina que mencionábamos antes, el Tribunal Supremo hizo oídos sordos, argumentando que “el argumento habilidad contra azar no procede ya que el hecho de que el dinero cambiase de manos ya es de por sí constitutivo de actividad ilegal”.

De esta forma, el Tribunal Supremo fundamentó su decisión en la Ley Estatal en lugar de basarse en la jurisprudencia federal. Para ello, utilizaron una Ley aprobada en 1802 y respecto de la cual no se ha hecho ninguna modificación hasta la fecha, a pesar de varios intentos legislativos por cambiarla, que han fracasado presa de lobbys políticos.

De hecho, esta Ley prohíbe específicamente cualquier actividad o juego que tenga cartas o dados de cualquier tipo, sin excepción.

Por último, según hemos podido saber por fuentes que no podemos desvelar, varios colectivos de jugadores de parchís y Trivial Pursuit han decidido emigrar a tierras más halagüeñas donde no sean potenciales prófugos de la justicia por saber de historia, sacar tres seises o comerse a alguien y contarse veinte.

Seguiremos informando.

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