El borrador publicado por el Ministerio de Consumo levanta ampollas en Jdigital

Estaba claro que el sector del juego no iba a tardar en pronunciarse respecto al borrador que ha presentado el gobierno para la futura nueva ley de publicidad del juego que llegará en unos meses a nuestro país.

Como adelantábamos ayer, el gobierno pretende imponer duras restricciones a la publicidad, pero estas restricciones solo aplicarían a las empresas privadas del sector, ya que las empresas públicas como la ONCE y Loterías y Apuestas del Estado quedarían exentas de estas medidas restrictivas pudiendo publicitarse en cualquier franja horaria.

El discurso del gobierno gira siempre en torno a la protección de los colectivos más vulnerables y asegura que estas medidas están diseñadas para proteger protegerlos. Sin embargo, parece que el gobierno no considera que ONCE y LAE son potencialmente peligrosas para la población porque estas nuevas medidas no aplicarían para ellas. 

Que el borrador discrimine según la titularidad pública o privada de las empresas a la hora de aplicar restricciones horarias a su publicidad, pone de manifiesto su postura de que el juego es solo malo y peligroso si no es el Estado el que lo gestiona.

Como no podía ser de otra manera, la Asociación Española de Juego Digital, Jdigital, ha publicado un comunicado en el que muestra su malestar y desconformidad con la línea que está tomando el ministerio de consumo. Este es el comunicado íntegro que han publicado.

"LA RESTRICCIÓN DE LA PUBLICIDAD PROVOCARÁ UN AUMENTO DEL JUEGO ILEGAL

Desde Jdigital, como asociación que agrupa a más del 80% de operadores de juego online en España, queremos trasladar nuestra preocupación por el sector y su desarrollo tras conocer las medidas recogidas en el Proyecto de Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego que ha presentado hoy el Ministerio de Consumo a la Comisión Europea.

En primer lugar, es altamente preocupante la discriminación a la que se somete al juego privado con respecto al público. Esta discriminación atenta de forma directa contra la libertad de empresa, derecho fundamental reconocido expresamente en el artículo 38 de la Constitución Española, y en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. En este sentido, queremos recordar que el juego online es una actividad legal en España, que se rige por una regulación modélica en materia de control de acceso, control de la actividad, y protección de colectivos vulnerables, medidas de las que están también exentos los operadores de juego público y semipúblico. Todo ello nos lleva a pensar, pues, que la discriminación y acoso al juego privado responde a cuestiones ideológicas y no a objetivos creíbles de protección del consumidor.

En este sentido, fue la misma Comisión Europea quien recomendó, a principios de 2019, impulsar leyes que den el mismo tratamiento al juego estatal que al juego privado. Por ello, esperamos que la CE se pronuncie al respecto del socavamiento de la competencia que supone el proyecto de Real Decreto que ha presentado el hoy el Gobierno.

En segundo lugar, queremos hacer hincapié en que desde la legalización del juego online en nuestro país con la entrada en vigor de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, éste siempre ha sido un sector altamente regulado y que rige sus actuaciones bajo los principios de juego responsable. En esta línea, el pasado mes de enero entró en vigor la modificación, a propuesta de la propia industria, del Código de Conducta sobre Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego en el cual el sector se autoimpuso restricciones adicionales a sus comunicaciones promocionales para proteger a los colectivos más vulnerables.

Finalmente, recordar la advertencia del posible aumento del juego ilegal que desde Jdigital hicimos tras la entrada en vigor del Artículo 37 del Real Decreto-ley 11/2020 y por el cual se impusieron importantes restricciones a las comunicaciones comerciales del juego online. Desde la asociación hemos explicado en numerosas ocasiones que la publicidad es una de las pocas ventajas competitivas de los operadores legales frente a aquellos que operan desde la ilegalidad y, por ello, hemos alertado de que la prohibición de las comunicaciones comerciales durante el estado de alarma podían alentar la proliferación del juego ilegal. Así ha ocurrido y así lo evidencia la respuesta del Ministerio de Consumo a una pregunta escrita del Grupo Parlamentario Popular y en la cual la DGOJ informa “haber requerido a los distintos operadores de telecomunicaciones el cierre o la interrupción de forma indefinida del servicio a un total de 414 dominios entre abril y mayo”. Este dato es especialmente relevante cuando se tiene en cuenta que a lo largo de todo 2019 se cerraron 196 webs de operadores ilegales y que entre 2013 y 2019 se han cerrado un total de 1.318 webs de operadores sin licencia. Lo que prueba, con datos del propio ministerio, que en tan solo 2 meses la actividad de operadores ilegales en España duplicó la actividad que se produce en un año normal."