El juego ilegal pone contra las cuerdas a los reguladores: la ONU pide coordinación

El crecimiento del juego ilegal online se ha convertido en un problema que desborda por completo el ámbito regulatorio. Mientras Naciones Unidas alerta de que estas plataformas sostienen redes de fraude, corrupción y trata de personas en el Sudeste Asiático, Bulgaria ha rechazado una nueva subida fiscal y mayores restricciones publicitarias por temor a empujar todavía más jugadores hacia el mercado negro.

Son dos escenarios muy diferentes, pero comparten una misma preocupación: endurecer la regulación del mercado legal no sirve de mucho si la oferta clandestina continúa siendo accesible, competitiva y capaz de operar sin grandes obstáculos.

La ONU eleva el juego ilegal a problema de seguridad

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito considera que las webs de juego ilegal del Sudeste Asiático han dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un pilar financiero del crimen organizado internacional.

Según su último informe, estas plataformas funcionan como fachada para actividades relacionadas con el fraude digital y la trata de personas. Sus sistemas de pago están además profundamente integrados en los circuitos financieros formales de varias economías de la región.

El dinero que circula por estas infraestructuras permite reforzar redes de corrupción, financiar operaciones criminales y aumentar la capacidad de coerción de las organizaciones que las controlan. La cuestión, por tanto, ya no afecta únicamente a los reguladores del juego, sino a la estabilidad financiera y la seguridad regional.

La UNODC también pone el foco en la exposición de los jóvenes. El uso de redes sociales, influencers y aplicaciones móviles con mecánicas gamificadas facilita la captación de nuevos usuarios, mientras los actuales sistemas de protección al consumidor no parecen preparados para responder al problema. El organismo advierte además de que el daño real continúa infravalorado.

España estrecha el cerco sobre el juego ilegal online

España tampoco es ajena al problema, aunque de momento se centra más en la batalla contra las apuestas y los juegos de casino que en el poker. La DGOJ bloqueó e inhabilitó a 14 operadores extranjeros sin licencia en una sola tanda de sanciones publicada en 2025 y, durante el primer trimestre de 2026, multó con cinco millones de euros a Perfect Storm B.V. y Rossobash SRL por ofrecer juego online ilegal. 

Los nombres más reconocibles entre las actuaciones recientes son Polymarket y Kalshi: Consumo abrió expedientes contra ambas plataformas de mercados de predicción y ordenó cautelarmente el bloqueo de sus webs por operar presuntamente sin autorización. 

Bulgaria teme que más impuestos reduzcan la canalización

En Europa, Bulgaria afronta su propia batalla contra el mercado ilegal. El Gobierno ha rechazado las propuestas de la oposición para elevar de forma drástica las tasas aplicadas a los operadores y ampliar las restricciones publicitarias.

La decisión llega pese a que la propia Administración reconoce que la canalización del mercado legal ronda únicamente el 60%. Es decir, alrededor de cuatro de cada diez jugadores quedarían todavía fuera del circuito regulado.

El juego online tributa actualmente en Bulgaria al 25% del GGR, además de un 10% de impuesto de sociedades. La fiscalidad ya había aumentado este año desde el 20%, y el Gobierno considera que otra subida inmediata podría empeorar la situación.

La viceministra de Finanzas, Lyudmila Petkova, defendió que aumentar la carga fiscal sin combatir primero el mercado gris puede trasladar jugadores desde los operadores autorizados hacia plataformas ilegales.

La advertencia resume uno de los grandes dilemas de la regulación del juego: las medidas pensadas para limitar la actividad pueden terminar fortaleciendo a los operadores clandestinos si reducen demasiado la competitividad o la visibilidad del mercado legal.

Bulgaria cuenta desde abril de 2024 con una amplia prohibición de la publicidad del juego en televisión, radio, prensa y plataformas digitales, aunque mantiene algunas excepciones muy concretas.

Los anuncios exteriores siguen permitidos bajo fuertes limitaciones. Deben situarse a más de 300 metros de colegios, universidades, parques infantiles y otras zonas protegidas, y dedicar al menos un 10% de su espacio a advertencias sobre los riesgos del juego.

La oposición considera que estas restricciones siguen siendo insuficientes y acusa al Gobierno de mantener una actitud demasiado permisiva. Sin embargo, algunos representantes del sector aseguran que la prohibición ya provocó una fuerte caída de ingresos entre los operadores que trabajan legalmente en el país.

La regulación aislada no basta

La ONU sostiene que las reformas nacionales, cuando se aplican sin coordinación regional, apenas desplazan el problema de un territorio a otro. Por ello reclama una respuesta conjunta sobre los sistemas de pago, los canales de marketing digital y los vacíos legales que permiten operar a las redes criminales.

El caso búlgaro no puede compararse directamente con el del Sudeste Asiático, pero sí refleja una parte del mismo desafío. Combatir el juego ilegal exige sanciones y controles, pero también un mercado regulado capaz de atraer a los jugadores y mantener una elevada canalización.

Subir impuestos, prohibir publicidad o endurecer las condiciones puede ser útil dentro de una estrategia más amplia. Aplicar esas medidas sin cerrar antes las vías de acceso a la oferta ilegal corre el riesgo de dejar el terreno libre precisamente a quienes operan fuera de cualquier control.