La legislación griega no sale de los juzgados

El primer borrador que la Comisión Europea recibió del gobierno griego ya produjo su cuota de críticas y acusaciones de incumplimiento de los tratados sobre la competencia y el libre mercado.

Tal y como salió del parlamento, la Remote Gambling Association y la European Gaming Betting Association elevaron una denuncia formal ante la misma Comisión.

Las dos mayores asociaciones que representan a lo más granado de los operadores de juego online de Europa consideraban, no sin razón, que las trabas impuestas a los nuevos operadores en el mercado griego seguían allí.

Hasta ahora el juego en Grecia era un monopolio de la OPAP, el organismo estatal de loterías.

El nuevo marco legal renueva automáticamente las licencias de la OPAP durante diez años, ahora que el gobierno griego planea vender su participación, además de mantener ventajas fiscales frente a sus competidoras, como la excepción de pagar impuestos por el juego físico.

Además, la OPAP está eximida de pagar la “cuota de entrada” exigida al resto de operadores, que incluye ponerse al día con los impuestos retroactivamente desde enero de 2010 y un 10% adicional de retención a los ingresos anuales previos al 16 de diciembre de 2011.

Por ello, estas obligaciones fiscales, que una vez normalizado el mercado se elevarán al 30% GGR (ingresos brutos) son vistas como un obstáculo destinado a desanimar e impedir la entrada de operadores extranjeros, como lo son la obligación de operar con bancos griegos.

En palabras de la máxima autoridad en el RGA, Clive Hawkswood.

La RGA considera que la apertura del mercado del juego griego en línea es un paso positivo. Sin embargo, el régimen fiscal propuesto va a crear una carga financiera enorme haciendo imposible la competencia entre los que obtengan una licencia.

La RGA y la EGBA no han esperado al dictamen de la Comisión Europea y también han denunciado la inconstitucionalidad de este tratamiento fiscal ante los tribunales griegos.