Más sobre la regulación del juego online

El pasado viernes continuaban las jornadas de Codere sobre la futura ley del juego en Valencia, y tal como el día anterior, allí fue un servidor.

Las charlas de ese día eran sobre fiscalidad, orientada a operadores, otra de un juez del tribunal supremo sobre si el juego debe seguir penado en el código penal, y una mesa redonda final con representantes de las CCAA que fue el colofón final para demostrar que parir una ley es más complicado que dar a luz sixtillizos.

Y es que, aún siendo un lego total en la materia, lo que me quedó claro tras 2 días de jornadas, es que redactar una ley de este estilo es magia arcana, y si no hubiera sido porque el ministerio de economía y hacienda, promulgador de la ley, se ha liado la manta a la cabeza como comenté en mi primer artículo, esto no sale en 20 años.

El resumen rápido es que los legisladores tienen un follón encima que no saben qué hacer con él. Otra derivada interesante es que creo que nos deberíamos haber hecho abogados (tú y yo). Con la cantidad de consultorías y posteriores demandas que se van a interponer unos y otros, os lo digo, ricos todos (algunos ya deben estar eligiendo el barco).

El dilema

El día anterior comenté que el sector tradicional se sentía indignado con la promulgación de la ley, principalmente porque se estaba beneficiando a operadores que habían estado operando en la “ilegalidad” (siempre según sus palabras), con tasas bajas de impuestos en comparación las que soportan ellos.

El regulador, LAE, se excusa en que las competencias de juego se encuentran transferidas a las CCAA, y que ellos no pueden no pueden hacer nada.

Pues bien, llega la charla de las CCAA, y lo único que me queda claro es que como era de suponer, no están, ni de acuerdo entre ellos, ni de acuerdo con la ley.

Por ejemplo, Madrid, representada por Fernando Prats, Director General de Tributos, Ordenación y Gestión del Juego de la Comunidad de Madrid, era era el único de los presentes a favor de la ley.

Para Prats, las CCAA no tienen las herramientas para controlar el juego online, como pudiera ser el control de transacciones económicas a través de internet, o el control de las comunicaciones. Además de dar un par de estocadas al sector tradicional que más adelante comentaré, Prats tenía muy claro que la ley era necesaria.

Ahora bien, sí a la ley, pero ojo, que avisó que Madrid iba a otorgar sus dos primeras licencias para operar online antes de las elecciones, una de ellas seguramente para Casino Gran Madrid.

Entonces, se preguntó, ¿qué va a ocurrir con las licencias que están otorgando las CCAA cuando salga la ley? ¿Va a obligar el estado a volver a pasar las homologaciones y requisitos exigidos por la Comunidad de Madrid? Madrid ha puesto una tasa del 10% sobre estas operaciones, la ley plantea otras... ¿cuales se aplicarán?

Podríamos pensar que la licencia de Madrid sólo podría servir para usuarios madrileños, pero Prats ya advirtió que, para él, su licencia permitía jugar a cualquier ciudadano español. La idea subyacente es la misma que sobre un local físico. Por ejemplo, tú licencias un casino físico para operar en Madrid, pero al casino puede entrar gente de cualquier comunidad.

Entonces, ¿sirve la licencia de Madrid para operar legalmente en España? ¿Podrá darse el caso de que los operadores puedan obtener una licencia autonómica, con una tributación más baja que la estatal? Obviamente, no es la idea, pero sí es cierto que el actual anteproyecto no aclara este punto, lo que puede dar lugar a un vacío legal (el primero de muchos otros por cierto).

Por otra parte, Cataluña, representada Amadeu Farré, Director General de Tributos (y juego), dejó clarinete que a ellos, CiU, no les gustaba un pelo la ley. La frase fue:

“Perfecto, ley del juego sí, pero, ¿tiene que ser esta?”

Felicitó al gobierno por haber encontrado una forma de crear una comisión estatal que pudiera regular aspectos de juego 30 años después, porque he aquí otro problema, la transferencia de las competencias de juego a las CCAA se otorga en la constitución española (sí, ese mamotreto que cada vez que alguien habla de modificarlo se monta la de Dios, y que por la distribución de escaños según la ley electoral, dudo que en el corto plazo se le pueda meter mano alguna vez).

Ahora bien, el “truco” al que se acoje el gobierno, es que aquellos juegos que superan el ámbito territorial de una comunidad son suyos. Ya se intuía algo de esto en la disposición adicional vigésima de la, para los que trabajamos en Internet, famosa LSSI, y que fue la iniciadora de todo este proceso:

6.- La competencia para la ordenación de las actividades de juegos y apuestas realizadas a través de sistemas interactivos corresponderá a la Administración General del Estado cuando su ámbito sea el conjunto del territorio nacional o abarque más de una Comunidad Autónoma.

Lo que no entiendo muy bien es que han estado haciendo las CCAA y el sector tradicional en todo este tiempo, porque las intenciones parecían claras desde allá por 2007.

Volviendo al tema autonómico, en la misma línea que Farré habló Resurrección Sáez Cabello, Directora General de Tributos de La Rioja. Resurrección narró el proceso por el cual se había redactado el anteproyecto, ignorando casi por completo a las CCAA, e incluso amenazó con presentar un recurso de inconstitucionalidad si lo que saliese finalmente del proceso de enmiendas no les gustase.

Resumiendo

• El gobierno quiere sacar una ley del juego online.
• Las competencias de juego históricamente, y según nuestra constitución, están transferidas a las CCAA.
• Aparece el juego online, y pilla a todos en bragas. Gobierno, CCAA y sector tradicional.
• Nadie tiene ni papa de qué hacer. Pasan los años. Muchos.
• En 2007, se deja caer una disposición adicional en una ley que nada tiene que ver con el juego, incitando al gobierno a legislar la materia. Aquí ya se intuye que los que redactaron quieren apropiarse del pastel pasando de las autonomías.
• De 2007 a 2010, gobierno y autonomías haciendo gala de una eficacia sorprendente, se reunen unas cuantas veces sin sacar nada en claro.
• A finales de 2010, al gobierno le entra la prisa, y el ministerio de economía y hacienda tira palante. Ellos dicen que con el apoyo de las autonomías. Las autonomías dicen que ni de blas.

¿Y ahora qué?

Buena pregunta. De momento el proyecto de ley se encuentra en el congreso, donde le han caído más de 220 enmiendas de todos los tipos y colores.

Estas enmiendas se tienen que ir discutiendo una a una y descartando o incorporando a la ley, según negocien nuestros amados cargos públicos. Una vez terminado el plazo de discusión de enmiendas, se deberá votar por el congreso. Como comenté en el primer artículo, el regulador quiere que esto esté para mediados de Junio.

¿Podría caber la posibilidad de que la ley no saliera aprobada por el rechazo de grupos nacionalistas? Podría, pero no creo. Viendo la postura de Madrid, y que esta ley es un chollo para papi estado, no me extrañaría que PP y PSOE, también conocidos por PPSOE (o lo mismo da, que da lo mismo) la sacasen adelante sin problemas.

Una vez aprobada, dependiendo de como haya quedado pueden pasar cosas muy, muy interesantes, pero que dejo para un análisis posterior. Lo que sí intentaré hacer mañana o a lo largo de esta semana será un último post recogiendo algunas cosas interesantes que me he podido dejar en el tintero junto con algunas conclusiones personales de las jornadas.



En fin, espero no haberos aburrido mucho. Y recordad, ¡el futuro está en la abogacía!

PD: Por cierto, apenas he hablado del sector tradicional en esta entrada porque realmente no pudieron meter mucha mano. Sin embargo, me quedé con ganas de hacerles una pregunta, y es, ¿qué han hecho mientras PokerStars o Party se hacían empresas gigantescas todos estos años? Juanzo ha hecho un buen post al respecto.