La decisión judicial llegó justo cuando expiraba el plazo legal de 30 días para formalizar la confiscación de bienes. Un documento presentado el 8 de abril en el tribunal del condado de Williamson confirma que las autoridades conservarán los activos del club pese a no haber presentado cargos penales contra la sala ni contra sus propietarios.
La redada fue ejecutada por la Texas Alcoholic Beverage Commission (TABC) junto a un agente del IRS, tras sospechar inicialmente sobre blanqueo de capitales, crimen organizado y juego ilegal. Sin embargo, el foco de la investigación ha cambiado con el paso de las semanas.
Según el documento judicial, el Estado ya no persigue la hipótesis de blanqueo de dinero y centra ahora sus esfuerzos en determinar si la actividad del club puede considerarse juego ilegal bajo la legislación de Texas.
Un modelo legal en la cuerda floja
El debate jurídico gira en torno a un punto clave: en Texas el juego está prohibido, pero el poker puede operar en determinadas condiciones. La ley permite partidas en un “lugar privado” siempre que nadie obtenga beneficios económicos más allá de sus ganancias personales.
Ahí entra el modelo de los llamados clubs sociales, como The Lodge, que funcionan mediante membresías y no cobran rake directo por las manos jugadas. Este sistema lleva años operando en el estado con relativa normalidad, aunque siempre ha generado controversia.

Conseguir una condena por juego ilegal no sería sencillo. En Texas, mantener un local de juego ilegal se considera un delito menor de clase A, castigado con hasta un año de prisión y multas que pueden alcanzar los 4.000 $.
Un gigante del poker en pausa
Fundado en 2018, The Lodge se convirtió rápidamente en el mayor club de poker de Texas, con cerca de 70 mesas en su sede principal. En 2022, varias figuras mediáticas del sector adquirieron participaciones en el negocio, entre ellas Polk, Owen y Andrew Neeme. También invirtieron posteriormente nombres conocidos como Ethan Yau.
Desde la redada del 10 de marzo, la sala de Austin permanece cerrada y no existe una fecha clara para su reapertura. La sede de San Antonio, que opera bajo una entidad distinta, continúa funcionando con normalidad.
Un proceso que va para largo
La retención de los activos no implica culpabilidad, pero sí indica que las autoridades consideran que existe causa probable para seguir investigando. Si el caso llegara a la vía penal, el Estado tendría que demostrar la existencia de un delito más allá de cualquier duda razonable, un estándar mucho más exigente.
El escenario sigue abierto: podrían presentarse cargos por juego ilegal, recuperarse los fondos incautados o alcanzarse algún acuerdo entre las partes. Lo único seguro por ahora es que el mayor club de poker de Texas sigue en pausa y que la batalla legal apenas ha comenzado.
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