Continúa la guerra contra la ley del juego en los medios

El diario digital El Confidencial, el mismo que ayer arremetía contra una presunta dejación por parte del Estado en la reclamación de tributos a los operadores online, publica hoy un nuevo artículo con un sugerente titular: El Real Madrid pactó por contrato influir en la Administración para legalizar el juego 'online'.

El texto se apoya en ciertas cláusulas del contrato de patrocinio que el Real Madrid y Bwin firmaron en 2007 para atacar el proceso de la ley del juego, colocando de nuevo en el disparadero a Juan Carlos Alfonso, el dimitido subdirector de ordenación del juego.

Cuando se firma este contrato -recordemos que estamos en 2007- la situación legal del juego online en nuestro país es más que difusa. Un montón de compañías de lo más variopintas ofrecen servicios de juego en Internet a los ciudadanos españoles de la misma manera que lo hacen a los del resto del mundo aprovechándose de esta situación.

La falta de un marco regulatorio hace que todas estas compañías busquen las mejores condiciones fiscales para la implantación de sus negocios. Bwin, por ejemplo, era una empresa austríaca establecida en Gibraltar, territorio que forma parte de la Unión Europea, y se somete a su jurisdicción, con un estatus especial.

En el contrato con el Real Madrid, según leemos en el artículo de El Confidencial mencionando su cláusula 16 (no se enlaza o se muestra dicho contrato por lo que no podemos contrastarlo), Bwin anticipa su intención de solicitar una licencia administrativa -entendemos que hacen referencia al momento en el que se regule el sector- e insta al Real Madrid a “efectuar todos los esfuerzos posibles para ayudar a Bwin en sus conversaciones con las autoridades locales con el propósito de introducir en la regulación todas las modificaciones que la hagan accesible también para los operadores de juego online”.

Esta cláusula le sirve a El Confidencial para aseverar “Objetivo cumplido” y asociar de nuevo a Alfonso, anteriormente director de la asesoría jurídica de Sogecable, empresa accionista (10%) de Real Madrid Gestión de Derechos, a intereses personales en la legalización del juego online.

Sin hacer juicios de valor sobre el papel de Alfonso, lo que a nadie puede extrañar es que una compañía, en la redacción de un importante contrato con un club de fútbol y teniendo en cuenta el inexistente marco legal en el que desarrollaban su actividad en nuestro país, intente que, en el caso de que un hipotético desarrollo regulatorio comenzara, el club tratara de facilitarles el proceso en la medida en la que les fuera posible.

No se está hablando aquí de que el Real Madrid ayudara a Bwin a cometer ilegalidades sino a colaborar con la compañía en la consecución de un objetivo: ser un operador legal en un mercado regulado.

El problema aquí es que, quizás, en España aún no estamos demasiado acostumbrado a que estas cosas se pongan negro sobre blanco en un contrato en lugar de hacerlo disfrutando de un buen solomillo en un restaurante.

En Estados Unidos, por ejemplo, la política de lobbies está perfectamente legislada y se realiza con luz, taquígrafos y factura de por medio. No factura a los políticos evidentemente, algo que sería delictivo, sino a los promotores de las campañas.

Desde mi punto de vista personal, estas prácticas de influencia política -que existen desde el principio de los tiempos- son infinitamente más higiénicas cuando se detallan en papel y se someten al escrutinio público y a la regulación. Confundir la intención legitima de influir en pos de tus intereses con la corrupción, me parece un error en este caso, probablemente, intencionado.

El Confidencial continúa el artículo situando a Bwin en la “apariencia de legalidad”.

Apariencia de legitimidad

Los temores de la compañía gibraltareña (obviamente por razones fiscales) eran fundados. La actividad del juego ‘online’ no estaba legalizada y se corría el riesgo de que no lo fuera, y por eso siempre ha extrañado que una sociedad sin actividad legal en España pagara tanto dinero al Real Madrid por lucir su logotipo.  Parece evidente que BWIN, con esta estrategia, sólo pretendía dar apariencia de legitimidad. O, incluso, de legalidad, ante sus futuros clientes y construir una imagen de marca con la ayuda del Real Madrid a través de su capacidad de influencias sobre la Administración. El célebre palco del Santiago Bernabéu.

Lo cierto es que Bwin, ahora parte de bwin.party, la mayor compañía mundial de juego en Internet, en 2007 era una compañía que cotizaba en la bolsa de Austria y que tras la fusión con PartyGaming en 2010, cotiza en la bolsa de Londres. Pocas empresas con únicamente una apariencia de legitimidad o legalidad cotizan en los mercados.

De hecho, en un artículo que El Confidencial enlaza, aparecido en 2009 en Cotizalia, el suplemento sobre economía del propio diario online, y en el que se informa de las acciones de Bwin para establecerse legalmente en España, se explica lo siguiente.

‘Bwin’ opera en España sin licencia porque las leyes nacionales no mencionan nada al respecto de este tipo de compañías online, pero no es ilegal ya que ejerce en virtud de su licencia expedida en Gibraltar tal y como se especifica en el artículo 43 del Tratado de la Unión Europea, que regula la libertad de establecimiento dentro del ámbito geográfico de la Unión Europea. Asimismo, el artículo 49 del mismo tratado permite el movimiento transfronterizo de bienes y servicios dentro del territorio de la UE.

La Administración Pública Española desea regular el juego por la red y ‘bwin’ está “encantada” de cumplir dichos requerimientos –según fuentes de ‘bwin’– para obtener la licencia en el ámbito nacional.

Vemos aquí el evidente cambio de actitud hacia Bwin, algo que seguramente podría extrapolarse a cualquiera de los operadores online a juzgar por sus últimos artículos.

Lo que resulta evidente es que la presión sobre la ley continúa y no resulta descabellado pensar que lo que se está buscando es una modificación de la misma aprovechando la llegada de un nuevo gobierno y un nuevo equipo directivo regulador. La fecha del otorgamiento de licencias para el mes de abril parece diluirse como un azucarillo y el abanico de posibilidades se amplía por momentos.

Si ayer nos preguntábamos “¿Habemus lobby?”, hoy la respuesta parece más sencilla.