Presión mediática sobre la ley del juego

El relevo al frente de la Dirección General de Ordenación del Juego, con la llegada del nuevo gobierno del Partido Popular, ahora en manos de Enrique Alejo, y la posterior dimisión de Juan Carlos Alfonso (aunque quizás habría que decir más bien que le dimitieron) ha dado un nuevo giro al proceso de otorgamiento de licencias que se presenta ahora más difuso que nunca.

El actual estado de la cuestión parece ser terreno propicio para una nueva ofensiva de presión por parte de uno de los actores del proceso: el sector del juego tradicional, que desde las primeras etapas del desarrollo de la ley del juego se ha sentido maltratado, al no ser suficientemente reconocido el agravio comparativo que han sufrido respecto a los operadores de juego online que han estado operando en la ilegalidad según las últimas decisiones judiciales.

Así, esta mañana nos topamos en Internet con dos artículos que apuntan en esta misma dirección.

En El Confidencial a titulan “Hacienda dejará impune el fraude fiscal tras legalizar el juego online” dejando bien a las claras su posicionamiento.

Pese a que la ley obliga a los operadores a ponerse al día con el Fisco, lo cierto es que se ha incumplido este mandato legal. Y si nada lo remedia, los operadores -que durante años han actuado sin ninguna cobertura legal y sin pagar impuestos pero obteniendo pingües beneficios- podrán comenzar a operar haciendo tabla rasa de sus deudas tributarias. Al menos por los beneficios obtenidos durante los cuatro últimos años, ya que la cuota defraudada con anterioridad ha prescrito.

Lo único que han ‘normalizado’ con Hacienda son sus operaciones en los dos últimos trimestres, desde la entrada en vigor de la ley, cuya tramitación parlamentaria se hizo en tiempo récord.  

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La obligación de estar al día con el Fisco se incluye en la Ley del Juego aprobada en mayo del año pasado, y fue fruto de un pacto de última hora entre el Grupo Popular –por entonces en la oposición- y el Grupo Socialista. El partido en el Gobierno obtuvo la abstención del PP al proyecto de ley a cambio de que se regularizara la situación fiscal de las empresas que han estado operando al margen de la ley. Y, gracias a esa enmienda en el Senado, la ley salió adelante sin votos en contrario.

A este respecto el punto 6 del Artículo 9 de la ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego dice que, “La obtención del título habilitante al que se refiere el apartado 1 de este artículo estará condicionada a que el operador se encuentre al corriente de pago de las obligaciones fiscales correspondientes”, y por lo que hasta ahora hemos sabido, las únicas “obligaciones fiscales” que se han exigido a los operadores es la liquidación de impuestos desde la aprobación de la ley; es decir, los dos últimos trimestres de 2011, y pronto el primero de 2012.

Sin embargo, más adelante el artículo reconoce, citando fuentes del gobierno, que ese supuesto “mandato legal” no es del todo preceptivo o, al menos, de una ejecución tan compleja que no ha sido tenido en cuenta en el proceso; un asunto que durante la tramitación parlamentaria de la ley tanto PP como PSOE evidentemente tuvieron que pactar en algún momento.

Según un alto cargo, el Ejecutivo quiere que salga adelante el negocio del juego ‘online’, pero no a cualquier precio. Se valoró la posibilidad de que los nuevos operadores pagaran por los beneficios no declarados en años anteriores, pero al tratarse de un negocio ‘alegal’ -no ‘ilegal’- no es fácil identificar ni cuantificar las bases imponibles. Y así es que se ha optado por seguir adelante con el procedimiento, pero mirando con lupa las habilitaciones. No está claro que las licencias –por diez años- se concedan antes del 30 de junio, entre otras cosas, porque hay un nuevo director general, Enrique Alejo, que quiere revisar todos y cada uno de los expedientes. Aunque con una evidente falta de medios.

En estas últimas líneas se abunda en la tesis de que las licencias no se concedan antes de la finalización de la moratoria del régimen sancionador; una de las opciones que aún están en el aire.

El artículo también lanza dardos envenenados contra Juan Carlos Alfonso sugiriendo de manera sutil intereses torticeros en la aceleración del proceso de licencias en base a su pasado profesional.

Detrás de esta hemorragia legislativa inmediatamente antes de las elecciones generales se encuentra Juan Carlos Alfonso Rubio, ex subdirector de Regulación del Juego. Rubio es abogado del Estado y entre 2004 a 2009 fue director de la asesoría jurídica de Sogecable, del grupo Prisa. Se da la circunstancia que  Sogecable era accionista de Real Madrid Gestión de Derechos (10%), la sociedad constituida por el equipo blanco para explotar sus derechos de imagen.

Acuerdo millonario con Bwin

Esta empresa (el resto de los accionistas son el propio Real Madrid, Caja Madrid y una sociedad de Jaume Roures) es la que suscribió en mayo de 2007 –en los tiempos de Ramón Calderón- un acuerdo millonario con Bwin, una de las principales compañías europeas del juego ‘online’, con sede en el paraíso fiscal de Gibraltar.

En el otro artículo del día, esta vez en El Economista, titulan “Aspirantes al juego 'online': más rebajas en las exigencias”, y los tiros de nuevo van en la misma dirección: la reglamentación de la ley del juego favorece a los operadores online frente al sector tradicional.

[…] el subdirector general de Regulación del Juego, Juan Carlos Alfonso Rubio, padre de la loca carrera por las licencias que hubo de ralentizar el ministro Cristobal Montoro, está permitiendo a los operadores que han actuado durante años de forma ilegal en España que liquiden exclusivamente la Tasa de Juego desde el segundo trimestre de 2011, sin comprobación alguna sobre su veracidad, y presentar los certificados emitidos por la Agencia Tributaria en los que no constan antecedentes fiscales, ya que son sociedades de nueva creación.

Falta de comprobaciones

Esta actuación viene a sumarse, entre otras, al aplazamiento de la revisión de las homologaciones a un momento posterior a la concesión de las licencias o a la falta de investigación para comprobar si las sociedades han pagado a Hacienda por los beneficios obtenidos en España, previos a la aprobación de la Ley del Juego, que se ha justificado presentando sociedades de nueva creación. La Ley del juego exige la regularización fiscal de los operadores, cosa que se está obviando.

Dos artículos, en dos medios distintos, publicados el mismo día y apuntando al mismo objetivo. ¿Habemus lobby?

Sin embargo, y al contrario de la tesis del primero, aquí El Economista, citando fuentes de la Inspección de Hacienda, cree que no sería difícil que los operadores online tributarán por los años anteriores.

Fuentes de la Inspección de Hacienda han señalado en diversas ocasiones a El Economista que sería muy fácil con lo declarado por los operadores de juego online en los últimos trimestres y los datos con que cuenta Hacienda sobre los movimientos económicos en el sector en los últimos ejercicios, extrapolar una cifra de ingresos, teniendo en cuenta los tipos del Impuesto sobre el Juego y la Tasa. Según estas mismas fuentes, la cifra que la Administración tributaria podría reclamar supera con creces los 1.000 millones de euros. 

Además, se crítica la falta de control de la ley sobre aspectos relacionados con la ludopatía y el acceso de menores.

En el documento, firmado por el subdirector general de Regulación del Juego, en el punto 13 de los requisitos exigidos, se refiere a que "debe especificarse si en la operación de reintegro (pago de los premios) se realiza una operación previa contra el RGIAJ". De esta forma, se disminuyen las exigencias de los operadores de verificar la edad y la identidad de los jugadores hasta después de haberles permitido no sólo registrarse sino depositar fondos y jugar. Con ello, se deja de lado la obligación de impedir el acceso al juego a menores, personas adictas y prohibidas por los tribunales, así como de quienes actúen suplantando la identidad de un tercero. Además, se incumple la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Así, la tutela de los intereses de los menores y enfermos se sacrifica en favor de ventajas económicas para los operadores a quienes la comprobación de la edad, la identidad o la eventual inscripción en el RGIAJ de los jugadores desde un primer momento, antes de permitirles depositar fondos, les supondría un mayor coste en la adquisición de clientes y una disminución de sus ingresos, según confirman diversos aspirantes a operador de juego online consultados.

Del lado de los operadores online el acento se pone en el extremo contrario.  Jdigital, la Asociación Española de Juego Digital que representa a algunos operadores de Internet, hoy publica una nota en su web, citando un artículo de Sector del Juego, titulada, “Según reguladores autonómicos, lo prioritario en estos momentos es el otorgamiento de la licencias previstas para los operadores online”.

Asistimos a una lucha de intereses contrapuestos en una batalla que, en estos momentos, parece que puede tomar una nuevo rumbo.

En medio, el universo de las consultorías y los asesores tratando de buscar las mejores opciones legales y de mercado para sus clientes. Como ejemplo una de ellas, Mediatech Solutions, como reza en su web “primer proveedor especializado en soluciones tecnológicas para nuevas modalidades de juego en mercados regulados”, está participada por cinco socios entre los que figura José María Aznar Botella, hijo del expresidente del gobierno y la actual alcaldesa de Madrid, y que preside Jessica Ordovás, antigua directora de Codere Apuestas y como explica un artículo de La Celosía, “artífice, además, de la  obtención de las primeras licencias de apuestas deportivas de Madrid y País Vasco, además de conseguir licencias en Italia”.

La cuerda de la ley del juego se tensa y veremos por cuál de los cabos se acaba rompiendo. ¿Quizás por el de los usuarios?